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El Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe tiene como objetivo promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la región, apoyando prácticas de conducta empresarial responsable en línea con los instrumentos internacionales.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) trabaja desde hace muchos años en el tema de empresas y derechos humanos, a nivel mundial y a través de sus oficinas de país y oficinas regionales en America Latina y el Caribe.
El Consejo de Derechos Humanos ha establecido en 2011 un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas que está integrado por cinco expertos independientes y, entre otros, promueve la divulgación y aplicación efectiva y global de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
En el marco del proyecto CERALC, todas esas fuerzas se reúnen para avanzar la conducta empresarial responsable en la región, brindando apoyo a los a gobiernos, empresas y a sociedad civil y otras partes interesadas.
Desde enero de
2019 y hasta diciembre de 2022, a través del Proyecto CERALC, fortalecemos la
agenda de empresas y derechos humanos con énfasis en nueve países de la región
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y
Perú).
Si desea conocer
más sobre nuestro impacto, puede visitar la sección países y actividades.
Ver Hoja informativa del proyecto
El Proyecto es
implementado en conjunto con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
y está financiado por la Unión Europea.
Podrá encontrar
más información sobre el trabajo de estas organizaciones en el marco del
Proyecto en los siguientes sitios web: OIT y OCDE
ACNUDH lidera el trabajo en materia de empresas y derechos humanos dentro del Sistema de las Naciones Unidas en todo el mundo y, en colaboración con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, elabora orientaciones y estrategias de difusión, sensibilización y capacitación sobre los Principios Rectores. Parte esencial del mandato de la Oficina es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los Estados, del sector privado, de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en todo lo referido a empresas y derechos humanos (más información al respecto aquí).
