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Las nuevas tecnologías digitales han generado cambios radicales en la vida de la mayoría de las personas en el planeta y han permitido alcanzar objetivos de desarrollo positivos, tales como creación de empleo, participación de diversos grupos, nuevas oportunidades de innovación y han impulsado el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Sin embargo, estas tecnologías también pueden generar impactos negativos en los derechos humanos. Se han reportado abusos relacionados con el derecho a la privacidad, la exacerbación de conflictos étnicos y la difusión de discursos de odio, la afectación de procesos democráticos, el perfeccionamiento de la vigilancia estatal, el surgimiento de la “discriminación algorítmica”, entre otros.
Con el fin de abordar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías digitales, desde el año 2019, la Oficina de la Alta Comisionada conduce el proyecto Derechos Humanos y Empresas en la Tecnología o B-Tech. El Proyecto B-Tech proporciona guías y recursos para implementar los Principios Rectores en el espacio tecnológico, contribuyendo así a abordar la necesidad de prevenir y abordar los impactos a los derechos humanos conectados con el desarrollo y uso de nuevas tecnologías digitales por parte de empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otros actores, incluyendo usuarios.
El proyecto B-Tech se estructura en torno a cuatro áreas estratégicas: riesgos para los derechos humanos en los modelos de negocio; debida diligencia en el uso final; rendición de cuentas y reparación; y obligaciones de los Estados.
El proyecto CERALC ha impulsado actividades en torno las implicaciones de derechos humanos del sector tecnológico, sobre la base del conocimiento y de las redes generadas por el proyecto B-Tech y tomando en cuenta la creciente importancia de la cuestión en la región de América Latina y el Caribe.
