Debida diligencia en materia de derechos humanos

De acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que implica que deben abstenerse de infringir los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas que surjan en las que tengan alguna participación. Una forma de abordar esta responsabilidad es a través de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. La debida diligencia es un proceso continuo de gestión que permite a las empresas identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.  Tal como detalla el Pilar II de los Principios Rectores, el proceso de debida diligencia debe incluir:
  • La identificación y evaluación de las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos de sus actividades, incluso a través de consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas
  • La integración de las conclusiones de sus evaluaciones y la toma de medidas oportunas
  • El seguimiento de la eficacia de sus respuestas
  • La comunicación externa acerca de las medidas tomadas para hacer frente a las consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos.
Este proceso se complementa con una declaración política en materia de derechos humanos al más alto nivel y, en su caso, mecanismos de reclamos de nivel operacional. La noción de debida diligencia en los Principios Rectores es coherente con otros estándares internacionales en materia de conducta empresarial responsable, tales como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración Tripartita sobre las Empresas Multinacionales de la OIT. De acuerdo a estos estándares, la debida diligencia debe centrarse en la prevención de impactos y conlleva una priorización de riesgos, y debe ser llevada a cabo de forma continua y de manera apropiada a las circunstancias de cada empresa. Además, la debida diligencia involucra la participación de las distintas partes interesadas, así como una comunicación continua sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos identificados. Más información.

Proyecto CERALC:

  • Proyecto CERALC. Recopilación de experiencias y herramientas sobre debida diligencia en derechos humanos (en proceso)

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