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De acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que implica que deben abstenerse de infringir los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas que surjan en las que tengan alguna participación. Una forma de abordar esta responsabilidad es a través de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos.
La debida diligencia es un proceso continuo de gestión que permite a las empresas identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.
Tal como detalla el Pilar II de los Principios Rectores, el proceso de debida diligencia debe incluir:
Este proceso se complementa con una declaración política en materia de derechos humanos al más alto nivel y, en su caso, mecanismos de reclamos de nivel operacional.
La noción de debida diligencia en los Principios Rectores es coherente con otros estándares internacionales en materia de conducta empresarial responsable, tales como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración Tripartita sobre las Empresas Multinacionales de la OIT. De acuerdo a estos estándares, la debida diligencia debe centrarse en la prevención de impactos y conlleva una priorización de riesgos, y debe ser llevada a cabo de forma continua y de manera apropiada a las circunstancias de cada empresa. Además, la debida diligencia involucra la participación de las distintas partes interesadas, así como una comunicación continua sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos identificados. Más información.
