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En junio de 2021 Perú adoptó un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas mediante Decreto Supremo. El proceso tuvo una duración de dos años y fue liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en articulación con el Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo, conformado por representantes de 39 instituciones públicas. El Plan emana de un compromiso establecido en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos en su visita a Perú, del Examen Periódico Universal (EPU), y del Comité de los Derechos del niño (2016); así como en los Principios Rectores, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Plan contó con la participación de 132 entidades del Estado, empresas públicas y privadas, sociedad civil, pueblos indígenas u originarios, sindicatos, academia, organismos y cooperación internacional, quienes a través de un espacio multiactor dialogaron sobre las problemáticas, acciones, indicadores y metas de esta política pública. También se realizaron talleres temáticos sobre derechos de las personas LGBTI, derechos de la niñez, personas con discapacidad, seguridad y salud en el trabajo, personas adultas mayores, buenas prácticas del sector empresarial, respuestas frente al Covid-19, informalidad, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas u originarios y personas defensoras de derechos humanos.
Se destaca la participación del sector empresarial en el proceso del Plan. Por ejemplo, CONFIEP cuenta con un Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, mediante el cual se fortalecen espacios de diálogo, se analizan y desarrollan propuestas, y se coordina la participación del sector empresarial en la implementación del Plan de Acción Nacional. Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también ha llevado a cabo actividades de formación y orientación para la integración de estándares de derechos humanos en la industria. Producto de una serie de actividades con cámaras de comercio, las Cámaras de Piura, Cajamarca e Ica formalizaron la creación de comités de sostenibilidad y derechos humanos.
El proceso del Plan de Acción ha servido también como plataforma para la coordinación de diversas instituciones de la sociedad civil en torno a la implementación de los Principios Rectores en el país. Se destaca en este sentido el establecimiento de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, y otras organizaciones de derechos humanos, que participaron activamente en la elaboración del PNA, además de liderar otras iniciativas, como una propuesta para un proyecto de ley sobre debida diligencia.
