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En 2020 el gobierno panameño volvió a firmar el Plan Nacional por la Responsabilidad Social Público – Privada y los Derechos Humanos 2020-2030. Además, 11 ministerios firmaron un Pacto Nacional por la Responsabilidad Social Público-Privada y Derechos Humanos (2020-2030), liderado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y enfocado en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Durante 2022, el MICI estableció cinco grupos de trabajo integrados por representantes del estado y empresas con el fin de llevar a cabo las actividades del Pacto. Durante 2023, CERALC ha impulsado además el desarrollo de capacidades en materia de debida diligencia en derechos humanos para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con miras a impulsar la implementación de procesos de debida diligencia en el sector agropecuario panameño.
La organización empresarial SUMARSE es el capítulo panameño de Integrarse (iniciativa regional de organizaciones privadas en la región centroamericana) y constituye asimismo la red local dedel World Business Council for Sustainable Development. Con el apoyo de CERALC, SUMARSE ha llevado a cabo una serie de iniciativas para impulsar la implementación de la debida diligencia en derechos humanos en sus empresas afiliadas.
La Defensoría del Pueblo de Panamá, por su parte, participó de actividades de formación sobre empresas y derechos humanos en 2022 y aprendizaje entre pares con otras INDH de la región en esta materia. Durante 2023 ACNUDH ha continuado impulsando el involucramiento de la Defensoría en diversas actividades sobre empresas y derechos humanos. De la misma forma, diferentes organizaciones de la sociedad civil han participado en actividades para fortalecer su participación informada en procesos de debida diligencia y promover el conocimiento sobre rendición de cuentas y acceso a reparación en este contexto.
