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Desde su adopción en 2011, tanto el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) se han pronunciado sobre la aplicabilidad de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en el sector financiero y han reafirmado la obligación de inversionistas institucionales y bancos de evitar causar o contribuir a causar impactos negativos sobre los derechos humanos en sus actividades o a través de sus relaciones comerciales en su cadena de valor.
En la actualidad, en el marco del Proyecto CERALC, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos se encuentra desarrollando un estudio sobre “Estado, actores financieros y derechos humanos en América Latina y el Caribe: avances y desafíos en la integración del enfoque de derechos humanos en las políticas, regulaciones y prácticas financieras de la región”. El informe proporcionará un análisis de los estándares, políticas y prácticas financieras desde el enfoque de empresas y derechos humanos, destacando prácticas emergentes en la materia, brechas y oportunidades para mejora. En cuanto a los sectores financieros alcanzados, se incluirán bancos públicos y privados considerando tanto en sus operaciones de préstamo como de inversión en proyectos, e inversionistas institucionales propietarios de activos -como fondos de pensiones- y gestores de activos, con especial énfasis en fondos mutuos, capital privado y fondos de capital de riesgo.
