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Finalizó el Ciclo de formación para el fortalecimiento del acceso a la justicia en materia de empresas y derechos humanos, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas de interés público, observatorios, espacios de formación práctica de las escuelas y facultades de derecho del país e integrantes de los sistemas de administración de justicia nacional y provinciales de Argentina.
La actividad estuvo organizada por ACNUDH en el marco del Proyecto CERALC, junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS|UNL), la Red Mujeres para la Justicia y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Asimismo, y contó con el apoyo de la Relatoría Especial de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la CIDH, de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas y del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
El ciclo se estructuró sobre la base de encuentros sincrónicos y asincrónicos y tuvo por objetivo central robustecer el acceso a la justicia en materia de empresas y derechos humanos en Argentina a partir del trabajo mancomunado con socios estratégicos del ámbito judicial. Se buscó con ello fortalecer las capacidades de los diferentes actores que intervienen ante y en los mecanismos de reparación; identificar los principales obstáculos y brechas para el acceso a la justicia en temas de empresas y derechos humanos; y elaborar recomendaciones para mejorar las vías judiciales de reparación de las personas y comunidades cuyos derechos resultan afectados en el contexto de la actividad de las empresas.
Los encuentros de diálogo sectoriales fueron claves para enriquecer la discusión en torno a la elaboración de recomendaciones destinadas a contribuir a la elaboración del Primer Plan nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos de Argentina. Las capacitaciones estuvieron a cargo de expertas y expertos integrantes de la comunidad global y regional de prácticas en Empresas y Derechos Humanos.
Reconociendo la diversidad de prácticas en la órbita de los tribunales nacionales, federales y provinciales y atendiendo a la marcada dimensión territorial de las regulaciones procesales de las diferentes jurisdicciones, la estrategia tuvo especial consideración por garantizar la participación diversa y federal tanto de organizaciones de la sociedad civil, como Universidades (tanto públicas como privadas) y representantes del sistema de administración de justicia de la República Argentina.
