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Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos recalcan la obligación que tienen los Estados de adoptar medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas bajo su jurisdicción, así como enunciar claramente sus expectativas de conducta empresarial a través de sus funciones normativas y regulatorias. Sin embargo, en relación con las empresas de propiedad estatal, los Principios Rectores dejan claro que los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección. Estas medidas deberían ponerse en práctica asimismo en relación con las empresas que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales, como los organismos oficiales de crédito a la exportación y los organismos oficiales de seguros o de garantía de las inversiones, exigiendo en su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos
En un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo clarificó lo que se espera de los Estados en relación con las empresas de su propiedad o bajo su control en virtud de los Principios Rectores. En dicho informe, el Grupo de Trabajo exhortó a los gobiernos a mostrar su liderazgo a través del nexo entre el Estado y las empresas.
ACNUDH y el Grupo de Trabajo trabajan en conjunto con los gobiernos del proyecto CERALC para integrar la agenda de empresas y derechos humanos en las operaciones de las empresas públicas de la región. En 2023 CERALC publicó un estudio sobre las empresas públicas y los derechos humanos en la región, el que fue elaborado en base a una serie de consutlas y diálogo con diferentes actores.
