Menú
La crisis producida por la pandemia del COVID-19 ha generado consecuencias devastadoras y se estima que tendrá consecuencias graves y duraderas en la vida de las personas, así como en las sociedades y economías de América Latina y el mundo. Estos impactos son aún más agudos en la vida de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginalización, tales como mujeres, personas jóvenes, refugiados, trabajadores migrantes, personas en situación de discapacidad y pueblos indígenas, entre otros.
En este escenario, los Estados y las empresas juegan un papel relevante para el diseño e implementación de respuestas para enfrentar la crisis, mitigar los impactos y diseñar una recuperación responsable de la misma. Tal como ha señalado la Oficina de la Alta Comisionada, la agenda de empresas y derechos humanos es central para abordar la crisis actual y para los esfuerzos de recuperación responsable. El foco que ponen los Principios Rectores en prevenir y abordar los riesgos más destacados en los derechos humanos, particularmente de aquellos grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad, presenta una hoja de ruta clara tanto para estados como para las empresas en este contexto.
