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Costa Rica cuenta con una Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030 cuya rectoría recae en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Esta política se funda en los compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por el país, así como en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. La Política busca consolidar una plataforma de diálogo y colaboración para el diseño e implementación de diversas medidas relacionadas a la responsabilidad social. Además, contiene un compromiso de elaborar un Plan de Acción para su implementación, si bien no se ha aprobado hasta la fecha. No obstante, en 2023 el MEIC ha empezado a adoptar algunas acciones con miras a elaborar un Plan de Acción para dicha política.
El gobierno ha promovido la conducta empresarial responsable en su rol como actor económico a través de las notas de expectativa para empresas de propiedad estatal, donde se requiere que dichas empresas implementen procesos de debida diligencia en derechos humanos. Con motivo de dichas notas de expectativa, durante 2023 algunas de las empresas de propiedad estatal han empezado a adoptar medidas para implementar dichos procesos. Este es el caso del Grupo ICE que adoptó la Estrategia de Sustentabilidad Corporativa 2023-2027, que promueve la adopción de estándares internacionales, incluyendo la debida diligencia y firmó un compromiso político público con los Principios Rectores y otros estándares de Conducta Empresarial Responsable. Por otra parte, el proyecto ha apoyado el fotalecimiento de las herramientas del Banco de Costa Rica con el objetivo de impulsar procesos de debida diligencia en derechos humanos en la empresa estatal. Asimismo, el gobierno también ha fomentado la adopción de prácticas de compras públicas responsables, con el apoyo del Proyecto.
Por su parte, el sector empresarial ha participado de la implementación de la agenda de empresas y derechos humanos, especialmente a través del fortalecimiento de capacidades. En el marco del proyecto CERALC, la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), en colaboración con ACNUDH ha ofrecido una serie de seminarios a sus miembros para profundizar en estándares sobre empresas y derechos humanos. También se han llevado adelante talleres de formación para funcionarios/as del Instituto del Café de Costa Rica, cámaras y cooperativas productoras y exportadoras de café y funcionarios/as del Instituto Costarricense de Turismo. Por su parte, el Instituto del Café de Costa Rica desarrolló una política de género para el sector cafetalero en el país y actualmente impulsa en conjunto con ACNUDH un proceso para fortalecer las herramientas en debida diligencia de las cooperativas procesadoras y exportadoras de café.
