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El Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica acordó, mediante acuerdo el 15 de marzo de 2022, reafirmar que “las empresas estatales deben llevar a cabo una debida diligencia para identificar, mitigar, prevenir y remediar los impactos adversos sobre los derechos humanos, tanto reales como potenciales, en los términos establecidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales”.
Asimismo, recordó a las empresas públicas que la expectativa de llevar adelante estos procesos de debida diligencia deben formar parte integral de los sistemas de gestión y de manejo de riesgos, incluidos aquellos directamente relacionados con las operaciones, productos o servicios de las empresas a través de sus relaciones de negocios y cadenas de suministro.
Finalmente, el Consejo de Gobierno instruyó a las empresas estatales a informarle de los avances adoptados mediante un plan de acción para cumplir con esta expectativa.
